CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO
DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN MEXICO


Artículo publicado en "Ingeniería y Ciencias Ambientales", revista de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, A.C., capítulo mexicano de AIDIS. Año 10, Número 35, marzo-abril 1998. Páginas 13-15, 20-21.

Autor: M en I Gustavo Solórzano Ochoa
Consultor en Ingeniería Ambiental
Vicepresidente de Residuos Sólidos de FEMISCA (1997 -1998)
gustavos@spin.com.mx

En el mes de octubre de 1971 se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en Atlihuetzia, Tlaxcala, el 1er Seminario sobre Evaluación de la Contaminación Ambiental, convocado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, A.C. Uno de los objetivos de esa reunión consistió en integrar una aportación para la Comisión Preparatoria de México a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972.
El documento1 publicado en ese año con los resultados del seminario, contemplaba los temas siguientes:

I. Contaminación atmosférica

II. Contaminación del agua

III. Contaminación radiactiva

IV. Conclusiones Generales del Simposio (sic)

V. Estudio de la contaminación en el Bajo Río Coatzacoalcos

Es decir, el problema que en esa época representaban los RP, así como la contaminación del suelo, no parecía tan grave como para haberle asignado un espacio propio en la estructura del evento, si bien se tocaron durante su desarrollo aspectos concretos sobre estos dos subtemas. La transmisión de enfermedades diarreicas y la entonces incipiente contaminación atmosférica en las ciudades más pobladas del país, quizás obligaron a autoridades y especialistas a centrar su atención en estos problemas, dejando a los residuos y la contaminación del suelo en un segundo plano. Así, estos problemas continuaron existiendo en México a la par de los otros dos fenómenos.

Postergar la atención a suelos degradados por la acumulación de residuos, en especial peligrosos, generó un problema en ocasiones más difícil y más costoso de sanear que la atmósfera de una ciudad o una corriente superficial contaminadas. En el primer caso, un fuerte viento puede dispersar con rapidez los contaminantes acumulados y limpiar el aire de una ciudad. En un río, la misma corriente posee mecanismos de autopurificación, de manera que la calidad del agua en un tramo determinado de esa corriente puede mejorar significativamente en un corto plazo. En ambos casos, limpiar aire y agua resulta relativamente fácil y barato ya que la propia naturaleza se encarga de ello; el problema de fondo consiste en eliminar las descargas a la atmósfera o a la corriente superficial para que éstas no vuelvan a contaminarse. Sin embargo, en el caso del suelo, los mecanismos naturales de autocorrección y limpieza son infinitamente más lentos si los comparamos con los anteriores. Por esta razón, un suelo seriamente contaminado permanecerá en estas condiciones aún cuando se eliminen las descargas que afectaron su calidad, y en ocasiones, los efectos pueden resultar irreversibles. Además, su recuperación con frecuencia resulta cara y compleja, lo cual depende de la tecnología aplicada.

En el transcurso que va de la celebración del Seminario antes mencionado, hasta principios de 1998, las cosas han cambiado y el panorama se ha invertido en ciertos sectores del país, de manera que los RP, la remediación del suelo contaminado y otros problemas relacionados acaparan la atención de especialistas y autoridades, de inversionistas y tecnólogos. Profesionistas ambientales antes dedicados a cuestiones de descargas líquidas o emisiones a la atmósfera, son ahora especialistas en RP y remediación de suelos, debido en parte al mercado potencial que ambas representan. Como ejemplo se tiene el pasado XI Congreso de la FEMISCA, celebrado en Zacatecas en noviembre de 1997, en donde se presentaron 7 trabajos sobre contaminación atmosférica, mientras que los relativos a residuos y remediación de suelos llegaron a 22. Agua continúa siendo el tema más estudiado, con un total de 86 trabajos; no obstante, basta ver nuestros ríos y lagos -casi cualquiera- para concluir que falta mucho por hacer en este campo.

La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971, y en especial la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982, propiciaron la creación en México de un mercado en el ámbito de los RP. Pero quizá fue la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1987, así como su reglamento en materia de RP y siete normas técnicas ecológicas relacionadas, lo que vino a impulsar ese incipiente mercado. De esta forma, a partir de ese periodo se instalaron formalmente en México empresas dedicadas al confinamiento de RP, al reciclaje de solventes y aceites, de residuos con metales, y se inició la utilización de combustibles alternos en hornos cementeros, a partir de RP con un poder calorífico atractivo.

En cuanto a la infraestructura disponible, el Informe sobre el estado del medio ambiente en México2, publicado por la SEDUE en el año de 1985, mencionaba la existencia en el país de "...servicios e instalaciones para la disposición final de residuos industriales peligrosos con capacidad de manejar menos del 1% del total generado; entre ellos están cinco confinamientos controlados". Además de los anteriores confinamientos, se instalaron en México plantas de tratamiento y reciclaje, de modo que el Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente 1991-19923 consigna un importante número de empresas autorizadas para el confinamiento y tratamiento de RP. Se mencionan además, los nombres de 15 empresas que presentaron propuestas formales para el manejo fundamentalmente de RP, así como la visita de 200 empresas en misiones extranjeras y más de 120 en forma individual, las cuales manifestaron su interés de participar en el mercado de los RP en México.

La edición del informe citado correspondiente a 1993-1994,4 incluye por rubro los listados de empresas destinadas al manejo de RP, estableciendo los volúmenes autorizados para cada una de ellas. Así, para 1996 se estimaba en 115 millones de dólares la inversión total en México en actividades para el control de RP, que generaban 3,000 empleos directos y 5,900 complementarios5.

A pesar de las cifras anteriores, la infraestructura continúa siendo insuficiente para dar un manejo adecuado a los 8 millones de toneladas de RP que se generan anualmente en el país5. De acuerdo con datos oficiales, la capacidad instalada para dar un manejo adecuado a los RP en México varía en un rango que va del 10% de los RP generados en 1994, al 25% en 1997, esperando llegar al 66% en el año 20006. Esta situación llevó a las autoridades a elaborar y publicar en octubre de 1996 el Programa para la Minimización y Manejo Integral de Residuos Industriales Peligrosos en México 1996-2000, con el objetivo -entre otros- de promover inversiones en la creación de la infraestructura faltante, en particular a través de los denominados Centros Integrales de Manejo Ambiental de Residuos Industriales (CIMARI). En ese documento se establecieron los lineamientos para fomentar las instalaciones necesarias y dar un suficiente y adecuado manejo a los RP en el país, para lo cual el INE formuló una invitación abierta el 20 de febrero de 1997 en la prensa nacional, para participar en la construcción de CIMARIs.

Como respuesta a esta invitación, en septiembre de 1997 el INE había recibido cartas de intención de 38 empresas para participar en el programa de creación de CIMARIs. La dependencia otorgó una "carta de viabilidad" a nueve de ellas después de evaluar las propuestas presentadas, ya que cumplían con los requisitos para avanzar en el proceso de gestión ambiental (en la página electrónica del INE aparecen los nombres de las empresas avaladas). A principios de 1998, tres de las nueve empresas habían avanzado en sus trámites para consolidar sus proyectos en los sitios por ellos seleccionados. Sin embargo, un año y medio después de la publicación de dicho Programa no se ha instalado un sólo CIMARI, a pesar de haber asegurado que el primero de ellos entraría en operaciones en 19976. El más avanzado de los tres proyectos se encuentra detenido por causas ajenas a la promotora, en espera de un dictamen definitivo sobre su viabilidad.

Vale la pena detenerse y reflexionar sobre esta situación, ya que si bien es cierto que se han efectuado importantes intentos para incrementar significativamente la actual infraestructura, también es verdad que un buen número de proyectos ha quedado en el intento, sin poder concretarse en instalaciones operativas por causas diversas, enfrentando problemas ya sea desde la etapa correspondiente a los estudios previos, o bien a punto de iniciar su etapa de operación. A continuación se revisan algunos de los proyectos que han pasado por esta situación en México.

En el año de 1988, Tijuana Equilibrio Ecológico, SA de CV (TEESA), subsidiaria de Waste Mana-gement, Inc (WMI), obtuvo la autorización para construir una planta de incineración de RP en la ciudad de Tijuana, B. C. En esta ocasión, la planta fue construida y terminada en el año de 1992; sin embargo, debido en parte a la presión ejercida por habitantes de zonas vecinas a la planta, el permiso fue revocado por la SEDUE en abril de ese año, y la planta nunca operó. La cancelación del permiso coincidió con la renuncia del entonces titular de la SEDUE, designado candidato a la gubernatura del estado de Veracruz en esas fechas, proporcionándole así un tinte político al asunto. Esta acción del gobierno federal incomodó a la empresa, la cual publicó un desplegado en la prensa nacional manifestando su inconformidad por la revocación de la licencia. Esta acción de la autoridad federal sentó un precedente cuyos efectos negativos es posible que continúen en la mente de algunos inversionistas.

Con un proyecto y ubicación diferentes, la empresa PROTECOL, SA de CV, de igual modo subsidiaria de WMI, realizó los trámites para instalar un confinamiento para RP en la zona federal del ex-lago de Texcoco, para lo cual realizó estudios diversos además del proyecto ejecutivo. La entonces SEDUE otorgó la autorización para la construcción de las instalaciones; sin embargo, la SARH rechazó el permiso y el proyecto fue cancelado, manifestándose así una evidente falta de coordinación entre las dependencias del nivel federal involucradas en otorgar la licencia. Continuando con el intento, WMI adquirió un predio en Polotitlán, estado de México, con el fin de ubicar una planta de tratamiento de RP. En este caso no se hizo esperar la reacción de la sociedad civil, y el proyecto tuvo que ser cancelado cuando se encontraba en la temprana etapa de los estudios preliminares (1992), debido a la fuerte oposición de los vecinos de la zona.

En San Luis Potosí permanece detenido el proyecto del confinamiento de Guadalcázar, que en ocasiones se presenta como definitivamente cancelado, y en otras aparecen noticias en el sentido de que podría por fin recibir la autorización pendiente. Este caso se ha discutido a fondo en la prensa nacional y ha sido objeto de análisis y opiniones por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México, los Institutos de Ingeniería y de Geología de la UNAM, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, dependencias de los tres niveles de gobierno, así como las organizaciones Pro San Luis Ecológico y Greenpeace de México, además de haberse realizado una auditoría ambiental en el sitio por una consultoría privada. A la fecha, la empresa propietaria no ha obtenido el permiso local y los residuos siguen allí: paradójicamente, alguien decidió que era preferible mantener 20,000 toneladas de RP mal dispuestos con los efectos negativos que esto implica, a que la empresa trasladara esos residuos a un confinamiento cuyo diseño y ubicación fue avalado por las entidades que lo analizaron7. Este caso ejemplifica de manera clara cómo una situación puede complicarse e involucrar a un importante número de actores, teniendo por resultado que la solución al problema se aplaza de manera indefinida, mientras el cúmulo de RP continúa almacenado en un sitio que no cumplió con la normatividad aplicable, incrementando cada día el riesgo de afectación al entorno inmediato y el costo de la solución. A principios de 1998, grupos ambientalistas locales ubican en el tiradero la causa de diversos casos de anencefalia, abortos, cáncer en la piel y otros, situación sobre la cual estos grupos exigen un dictamen definitivo de la autoridad8, mientras el caso ha llegado a instancias jurídicas internacionales.

En meses recientes, el proyecto de CIMARI de la empresa Servicios Ambientales de Coahuila, SA de CV, ocupó diversos espacios en la prensa nacional, en donde diversos actores sociales cuestionaron la viabilidad del proyecto. A fines de 1997 un equipo de especialistas formado a petición de la Comisión de Ecología del Senado de la República inició el análisis tanto del proyecto como del sitio seleccionado para su ubicación, con el fin de emitir un dictamen definitivo sobre su viabilidad técnica, considerando de manera particular la variable ambiental. Dicho dictamen debió estar terminado en la primera semana del mes de febrero de 19989, pero a fines de marzo del mismo año la opinión pública desconocía el resultado del dictamen.

En Sonora se encuentra ubicada la empresa CYTRAR, que ofrece los servicios de confinamiento y tratamiento de RP. Desde hace varios meses, la empresa ha recibido presiones para que se detenga la recepción de RP en el sitio, de modo que los habitantes de la localidad han impedido el acceso de camiones a las instalaciones y exigen el cierre definitivo e inmediato de las mismas. La autoridad ambiental ha avalado las instalaciones y sus condiciones de operación pero los problemas continúan, a tal grado que la empresa planteó un ultimátum a la autoridad estatal en marzo de 1998, a fin de que se le permita operar, o bien que se le otorgue una indemnización por un eventual cierre de la empresa. Como resultado de estas gestiones, la empresa pudo reiniciar sus actividades y actualmente continúa, no sin problemas, con la operación del confinamiento.

Por otra parte, es posible citar un par de proyectos para el tratamiento de residuos biológico-infecciosos ubicados en el estado de Querétaro, ambos dentro de parques industriales localizados en diferentes municipios. En los dos casos se cancelaron las autorizaciones, de manera que una empresa se trasladó a otro estado, y la segunda, totalmente terminada, permanece sin operar.

Finalmente, se puede citar el caso de la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación en el Valle de México, la cual llevó (y lleva) a cabo estudios con el apoyo de recursos extranjeros para ubicar y construir un sistema para el tratamiento integral y confinamiento de los RP generados en la ZMCM. Según anunciaron en su momento los funcionarios responsables, el correspondiente estudio de factibilidad estaría concluido en agosto de 1994, y la instalación para tratar y confinar 500,000 toneladas anuales de RP debería entrar en operación en el año de 199510, con un costo de 350 MDD. Sin embargo, a principios de 1998 no se cuenta con el proyecto ejecutivo y menos aún con una instalación construida.

Qué ha sucedido en estos intentos con frecuencia fallidos? Dónde están, qué desanimó a las 320 empresas que en 1991-92 mostraron interés en invertir en el manejo de RP en México? Porque al menos en apariencia, se cuenta ya con los elementos básicos para desarrollar la infraestructura requerida para el manejo adecuado de los RP que se generan en México. Se tiene en primer lugar un mercado constituido por los generadores, por lo que la demanda potencial del servicio existe. Se cuenta también con un marco jurídico suficiente -si bien todavía incompleto- para establecer las reglas básicas mediante las cuales se regulan las actividades de manejo de RP, así como una entidad encargada de vigilar el cumplimiento del marco jurídico mencionado. Se tiene finalmente, un sector privado dispuesto a invertir importantes recursos en el mercado.

Sin embargo, a pesar de las anteriores condiciones y del esfuerzo programático-promocional efectuado por la autoridad competente, así como de una mayor conciencia sobre las consecuencias que una mala solución al problema implicaría, se puede decir que prácticamente la infraestructura operativa de servicios ha permanecido casi invariable desde hace 10 años, y que en consecuencia la mayor parte de los RP generados en México se sigue disponiendo en drenajes, tiraderos municipales, baldíos, arroyos, etc.

A qué se debe entonces esta situación? En el intento de encontrar una repuesta, es factible distinguir dos escenarios: el primero, en el que se ubican ciertos proyectos que han fracasado a pesar del esfuerzo realizado por inversionistas convencidos en sacarlos adelante. Y el segundo escenario, en el que un segmento del sector privado no se ha decidido a invertir en este mercado por considerar que todavía no está "maduro" ya que carece de ciertas garantías.

Con relación a la primera situación, es posible que algunos proyectos hayan presentado problemas derivados de una mala selección del sitio, o bien debido a un proyecto deficiente. No se pretende aquí evaluar los proyectos arriba mencionados, pero cabe plantear la posibilidad de que algunos de ellos hayan presentado alguna (o ambas) deficiencias citadas, especialmente los más antiguos que quizá fueron concebidos cuando aún no se disponía de la actual normatividad.

Se detectan asimismo razones políticas por las que se han cancelado algunos proyectos, incluyendo algunas con un claro sesgo preelectoral (cancelar un proyecto que molesta a la población puede generar votos). Si bien anteriormente estas actitudes eran más o menos toleradas, en las condiciones actuales del país no es posible contemplarlas. Aquí cabe señalar que en algunos proyectos tempranos ha sido el ejecutivo federal quien los ha detenido; en la actualidad es el legislativo federal o estatal, de la mano de la sociedad civil quienes han enfrentado algunos proyectos recientes. Por otra parte, el intento de concretar un proyecto en forma oculta, sin informar y tratando de sorpender a la población, así como un mal manejo en la presentación o una difusión inadecuada del proyecto contribuyen casi siempre al fracaso del mismo, situación que han aprendido los promoventes y que han tratado de cuidar, especialmente en proyectos recientes.

Asimismo, en ocasiones el desconocimiento del proyecto genera una oposición en determinado sector de la población. De hecho, cuando se involucran RP en un proyecto, la simple denominación de peligrosos genera una oposición per se, aunque el proyecto involucre tecnologías de punta y todos los sistemas de control necesarios para una operación segura.

En otras ocasiones, al desconocimiento de un proyecto se agrega la mala información difundida por los medios de comunicación, quienes de manera intencionada o no, proporcionan a la población datos equivocados. Se han dedicado al tema importantes espacios en la presente década especialmente en la prensa nacional, sin dejar de señalar que con frecuencia se ha abusado de este medio, permitiendo que reporteros "mal informados" proporcionen datos exagerados o sin fundamento. En otros casos, la información sirve a intereses creados cuyo origen no es posible conocer abiertamente, si bien puede estimarse su ubicación11. En cualquiera de los dos casos, el resultado es la creación de un terror en la población que en consecuencia asume una postura de oposición a cualquier proyecto como los mencionados.

Por otra parte, con relación al temor de los nuevos inversionistas existen varias explicaciones. La primera se deriva de las señales que los inversionistas perciben a través de las cancelaciones de permisos, proyectos detenidos, modificación de criterios, etc. La experiencia en México relativa a la cancelación de proyectos como los ya referidos, generan en el inversionista deseos de buscar otras opciones para colocar su capital, ya que ciertamente algunos empresarios han incurrido en pérdidas millonarias, sobre todo en los proyectos cancelados a punto de entrar en operación.

Una segunda explicación se relaciona con la principal garantía que demandan de la autoridad los inversionistas: una normatividad suficiente, pragmática y clara, así como la estricta aplicación de la misma para todos los generadores de RP sin excepción, con objeto de asegurar un flujo suficiente de residuos a las plantas de tratamiento o confinamientos. La carencia de una norma que establezca los límites máximos de emisiones a la atmósfera para incineradores de RP, como ejemplo, puede retrasar la inversión en ciertas tecnologías limpias, ya que resultan por lo general más caras que la incineración (en sentido contrario, la carencia de la norma ha acelerado la inversión en equipos de incineración de RP, por obvias razones). En cuanto a la aplicación de la normatividad, en ciertos sectores no existe suficiente confianza en la capacidad de la autoridad competente para llevar a cabo una vigilancia adecuada, lo cual favorecería el desvío de RP hacia los destinos tradicionales, permitiendo a los generadores evadir su tratamiento adecuado.

Existe asimismo cierto temor con relación a las cifras oficiales relativas a la generación de RP en México, lo que lleva a preguntar si el mercado existe realmente en la magnitud que esas cifras oficiales reflejan. Parte de esta desconfianza estriba en que no aparece claro el método a través del cual se llegó a estas cifras.

Por otra parte, el sistema político mexicano, caracterizado por cambios periódicos que en ocasiones resultan abruptos, genera una preocupación que se ubica en el cambio de políticas sexenales que pueden afectar las condiciones de mercado y con ello la rentabilidad de un proyecto, cuya recuperación con frecuencia va más allá del plazo mencionado. A esto se puede agregar la remoción de los funcionarios responsables de fijar las políticas nacionales en materia de RP, cambios que en ocasiones se dan en un periodo menor al de cada seis años.

Conclusiones
A partir de las reflexiones hasta aquí expuestas, se evidencia la necesidad de efectuar un análisis profundo, a través de foros de discusión en los que participen las instancias y actores involucrados, con el único objeto de asegurar un manejo adecuado de los RP y en consecuencia minimizar el riesgo de afectaciones al ambiente y a la salud de los mexicanos.

- De acuerdo a cifras oficiales que ya se mencionaron, una gran cantidad de RP no recibe un manejo adecuado, y en función de los proyectos cancelados o pospuestos, esta situación corre el riesgo de prolongarse en forma indefinida. Esto puede resultar en la generación de pasivos ambientales de magnitud considerable, ya que el depósito clandestino de RP continuará mientras que todas las partes involucradas no alcancen a comprender la magnitud que el problema entraña, en especial cuando hablamos de que las soluciones resultarán elevadas en términos de costos, o bien de efectos ambientales en algunos casos prácticamente irreversibles.

- El mercado está ahí, pero se trata no sólo de un mercado finito, sino de un mercado cuya demanda disminuirá en función de una normatividad más estricta y de la implantación de procesos de producción más limpios, todo ello influido por los elevados costos de manejo de RP. Así, se espera que el volumen anual de RP generados en México disminuya en un millón de toneladas para el año 20105. En este mercado decreciente, las empresas que ingresen antes con una oferta atractiva, contarán con mejores condiciones para una temprana recuperación de su inversión.

- Por el momento no se puede esperar que se reduzca a cero la generación de RP. Estos, al igual que los municipales, las descargas de aguas residuales o las emisiones a la atmósfera seguirán existiendo por muchos años, y es necesario disponer de algún lugar para su tratamiento/confinamiento, garantizando la minimización de los riesgos de afectación al ambiente o a la salud en estas instalaciones y en estricto apego a la normatividad aplicable.

- La opinión pública ha ganado terreno y ocupa un papel que tradicionalmente en México se le dejaba al gobierno. En la actualidad, los grupos organizados de la sociedad civil cumplen una importante función de vigilantes para el cumplimiento de una correcta operación por parte de las empresas tratadoras, por lo que su actividad resulta fundamental y deseable en este ámbito particular. Sin embargo, también es necesario mencionar el papel negativo que en ocasiones desempeñan, al obstaculizar los proyectos que vendrían a proteger el medio ambiente que esos mismos grupos pretenden defender. Es importante distinguir a las organizaciones serias de aquéllas que se prestan al juego de los intereses creados, y denunciar estas actitudes negativas. En este punto, es urgente que las entidades con capacidad y autoridad comprobada (colegios, cámaras, etc) participen en la opinión pública, manifestando su punto de vista y aportando información sustentada que pueda contrarrestar las desinformaciones mal o bien intencionadas, de modo que la población pueda formarse una opinión completa y equilibrada sobre cada caso.

Finalmente, es posible considerar a las instalaciones para el adecuado tratamiento y disposición final de RP como un mal necesario, pero ciertamente menos dañino que continuar con la disposición clandestina en drenajes, patios de fábricas, tiraderos municipales, barrancas, etc. En todo caso, no es posible continuar cancelando proyectos de manejo de RP con base en mala información, acudiendo a mitos sobre los RP, respondiendo a intereses creados o buscando beneficios electoreros: la viabilidad de un proyecto debe darse a partir del cumplimiento de la normatividad aplicable, incluyendo por supuesto las variables socioeconómicas. Paradójicamente, tanto detractores como defensores de las instalaciones para el manejo de RP echan mano del mismo argumento: la protección del medio ambiente y la salud de nuestros hijos.


Notas.
1. Primer Seminario sobre Evaluación de la Contaminación Ambiental. Ediciones del Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, A.C. México, D.F. 1972
2. Informe sobre el estado del medio ambiente en México. SEDUE 1986
3. Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente 1991-1992. INE-SEDESOL
4. Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente 1993-1994. INE-SEDESOL
5. Programa para la Minimización y Manejo Integral de Residuos Industriales Peligrosos en México 1996-2000. INE-SEMARNAP. Septiembre de 1996
6. La Jornada, 22/04/1997
7. La Jornada Ecológica. Los residuos peligrosos, problema nacional. El caso Guadalcázar. 15/02/1996.
8. La Jornada, 9/02/1998
9. La Jornada, 24/01/1998
10. La Jornada, 19/04/1994
11. La Jornada 20/08/1997